11 organizaciones de la entidad señalan que el proyecto con Citic puede comprometer la vida colectiva futura
Fuente:
La Coordinadora de Organizaciones Indígenas
de Amazonas, que reúne a once grupos que velan por los derechos de las
etnias de la zona, exigió al Gobierno revocar el acuerdo del mapeo
minero que contrató con la transnacional china Citic porque consideran
que amenaza la biodiversidad y la cultura de los pueblos originales de
ese estado.
“Estamos estudiando qué medidas
tomar. Actuaremos para hacer patente nuestra insatisfacción contra
acciones mineras en conjunto con cualquier otro país, incluso China. No
fuimos consultados y seríamos muy afectados por una eventual
explotación, como se plantea en el acuerdo con la empresa Citic”, afirmó
Virgilio Asisa de la Organización Ye´kuana del Alto Ventuari Kuyuno,
por teléfono desde Puerto Ayacucho. El grupo integra a la Coiam
(Coordinadora de Organizaciones Indígenas de Amazonas), y es uno de los
once que firman el documento.
En el texto la
Coiam reconoce los esfuerzos gubernamentales destinados al
reconocimiento y promoción de los derechos de los pueblos indígenas, en
especial el punto 5.2.2. del Plan Socialista de la Nación 2013-2019, que
establece la necesidad de “desmontar y luchar contra los esquemas
internacionales que promuevan la mercantilización de la naturaleza, de
los servicios ambientales y de los ecosistemas”.
Sobre
esa base, los movimientos indígenas esgrimen varias razones para
rechazar el acuerdo que se suscribió en septiembre de 2012 para que
Citic realice labores de búsqueda de depósitos de oro, bauxita, hierro,
diamantes y coltán en el estado Amazonas, una de las principales áreas
de estudio. La primera es que “puede comprometer la vida colectiva
futura” en la entidad; la segunda es que se trata de una iniciativa
impuesta y no consultada con las comunidades de la zona, lo cual sería
una violación a la Constitución.
Otro argumento
es que el plan de exploración chino contempla instalar campamentos en
Ocamo, Cacurí, Solano, Santa Bárbara y Puerto Ayacucho, áreas que la
Coiam considera territorios sensibles porque no han sido demarcados,
como lo establece la carta magna.
“Los pueblos
indígenas somos pioneros en defender la biósfera y su biodiversidad”,
dijo Asisa. “El mundo respira a través de la selva amazónica que tenemos
aquí, y por eso el mundo depende de nuestra actuación. Si dejamos que
la minería avance, contaminamos el mundo en medio del avance del
calentamiento global”.
Proponen al Gobierno
iniciar “una revisión profunda de su política indígena” y solicitan que
se respete el decreto n° 269 –que prohíbe toda actividad minera en el
Estado–, así como los que establecen la creación de la Reserva de
Biósfera del Alto Orinoco y los diferentes parques nacionales.
El
documento fue entregado a la Defensoría del Pueblo y al Ministerio del
Ambiente. Está firmado por los movimientos Indígenas Piaroas Unidos del
Sipapo, Kuyuno, Yanomami (Horonami), Mujeres Indígenas de Amazonas
(Omida), Asociación de Maestros Piaroa (Madoya Huarijja), Piaroas del
Cataniapo “Reyö Aje”, Río Negro (Uciabyrn), Yabarana del Parucito
(Oiyapam), Piaroa de Manapiare, Ye´kuana del Alto Orinoco (Kuyujani
Originario) y Pueblo Unido Multiétnico de Amazonas (Puama).
El artículo 119
“El
Estado reconocerá la existencia de los pueblos y comunidades indígenas,
su organización social, política y económica, sus culturas, usos y
costumbres, idiomas y religiones, así como su hábitat y derechos
originarios sobre las tierras que ancestral y tradicionalmente ocupan
(…). Corresponderá al Ejecutivo, con la participación de los pueblos
indígenas, demarcar y garantizar el derecho a la propiedad colectiva de
sus tierras”.
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