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viernes, 22 de marzo de 2013

Indígenas emiten documento para rechazar acuerdo minero

11 organizaciones de la entidad señalan que el proyecto con Citic puede comprometer la vida colectiva futura
Fuente:
La Coordinadora de Organizaciones Indígenas de Amazonas, que reúne a once grupos que velan por los derechos de las etnias de la zona, exigió al Gobierno revocar el acuerdo del mapeo minero que contrató con la transnacional china Citic porque consideran que amenaza la biodiversidad y la cultura de los pueblos originales de ese estado.

“Estamos estudiando qué medidas tomar. Actuaremos para hacer patente nuestra insatisfacción contra acciones mineras en conjunto con cualquier otro país, incluso China. No fuimos consultados y seríamos muy afectados por una eventual explotación, como se plantea en el acuerdo con la empresa Citic”, afirmó Virgilio Asisa de la Organización Ye´kuana del Alto Ventuari Kuyuno, por teléfono desde Puerto Ayacucho. El grupo integra a la Coiam (Coordinadora de Organizaciones Indígenas de Amazonas), y es uno de los once que firman el documento.

En el texto la Coiam reconoce los esfuerzos gubernamentales destinados al reconocimiento y promoción de los derechos de los pueblos indígenas, en especial el punto 5.2.2. del Plan Socialista de la Nación 2013-2019, que establece la necesidad de “desmontar y luchar contra los esquemas internacionales que promuevan la mercantilización de la naturaleza, de los servicios ambientales y de los ecosistemas”.

Sobre esa base, los movimientos indígenas esgrimen varias razones para rechazar el acuerdo que se suscribió en septiembre de 2012 para que Citic realice labores de búsqueda de depósitos de oro, bauxita, hierro, diamantes y coltán en el estado Amazonas, una de las principales áreas de estudio. La primera es que “puede comprometer la vida colectiva futura” en la entidad; la segunda es que se trata de una iniciativa impuesta y no consultada con las comunidades de la zona, lo cual sería una violación a la Constitución.
Otro argumento es que el plan de exploración chino contempla instalar campamentos en Ocamo, Cacurí, Solano, Santa Bárbara y Puerto Ayacucho, áreas que la Coiam considera territorios sensibles porque no han sido demarcados, como lo establece la carta magna.

“Los pueblos indígenas somos pioneros en defender la biósfera y su biodiversidad”, dijo Asisa. “El mundo respira a través de la selva amazónica que tenemos aquí, y por eso el mundo depende de nuestra actuación. Si dejamos que la minería avance, contaminamos el mundo en medio del avance del calentamiento global”.

Proponen al Gobierno iniciar “una revisión profunda de su política indígena” y solicitan que se respete el decreto n° 269 –que prohíbe toda actividad minera en el Estado–, así como los que establecen la creación de la Reserva de Biósfera del Alto Orinoco y los diferentes parques nacionales.
El documento fue entregado a la Defensoría del Pueblo y al Ministerio del Ambiente. Está firmado por los movimientos Indígenas Piaroas Unidos del Sipapo, Kuyuno, Yanomami (Horonami), Mujeres Indígenas de Amazonas (Omida), Asociación de Maestros Piaroa (Madoya Huarijja), Piaroas del Cataniapo “Reyö Aje”, Río Negro (Uciabyrn), Yabarana del Parucito (Oiyapam), Piaroa de Manapiare, Ye´kuana del Alto Orinoco (Kuyujani Originario) y Pueblo Unido Multiétnico de Amazonas (Puama).

El artículo 119
“El Estado reconocerá la existencia de los pueblos y comunidades indígenas, su organización social, política y económica, sus culturas, usos y costumbres, idiomas y religiones, así como su hábitat y derechos originarios sobre las tierras que ancestral y tradicionalmente ocupan (…). Corresponderá al Ejecutivo, con la participación de los pueblos indígenas, demarcar y garantizar el derecho a la propiedad colectiva de sus tierras”.

jueves, 21 de febrero de 2013

La Jurisdicción Especial Indígena

Anais Piña

La jurisdicción indígena son espacios de justiciabilidad, es decir, la facultad y la posibilidad de hacer valer los derechos propios, respetando sus tradiciones y costumbres, lo cual es un derecho colectivo reconocido a los pueblos indígenas por la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el Convenio 169 de la OIT, así como también La constitución venezolana en su artículo 260, establece, que las autoridades legítimas de los pueblos indígenas podrán ejercer  instancias de justicia basándose en sus tradiciones y dentro de su hábitat. En efecto, los pueblos indígenas deben poseer una estructura propia que les permita ser autónomos.

Así mismo la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas, expresa que el Estado reconoce el derecho propio de los pueblos indígenas, así como la potestad de aplicar instancias de justicia a través de las autoridades legitimas, dentro de su hábitat y que solo involucre a sus integrantes, de acuerdo a sus tradiciones y costumbres, respetando los derechos humanos establecidos en la constitución, los tratados, pactos y convenios internacionales.

La jurisdicción especial indígena tiene la facultad de conocer, investigar decidir y ejecutar las decisiones, en los asuntos sometidos a su competencia y la potestad de avalar acuerdos para la solución de conflictos. Las autoridades tradicionales resolverán los conflictos a través de la vía conciliatoria, el dialogo, la mediación, y la reparación del daño, con el objetivo de restablecer la armonía. Las decisiones tomadas por las autoridades tienen el carácter de cosa juzgada, es decir, la misma obligatoriedad de una sentencia emanada por el tribunal ordinario de justicia de la República, quedando todas las personas involucradas en la obligación de acatar las medidas tomadas por las autoridades ancestrales. Las decisiones tomadas por las autoridades indígenas solo serán revisadas por la jurisdicción ordinaria cuando sean incompatibles con los derechos fundamentales establecidos en la Constitución, los convenios, pactos y tratados internacionales suscritos por la República. 

En dicho procedimiento participaran tanto el ofensor como la víctima, la familia y la comunidad. Con relación a la competencia de la jurisdicción especial la LOPCI establece los siguientes tipos:

·            Competencia territorial: es la potestad que tienen las autoridades legítimas de conocer sobre cualquier conflicto dentro del hábitat y tierra de los pueblos y comunidades indígenas.  
·      Competencia Extraterritorial: las autoridades tendrán competencia respecto a las controversias sometidas a su juicio, ocurridas fuera del hábitat indígena, cuando estas sucedan entre integrantes indígenas, que no sean de carácter penal y no afecten derechos de terceros no indígena.
·            Competencia Material: las autoridades tradicionales tendrán la facultad de conocer y decidir sobre cualquier conflicto, independientemente de la materia que se trate. Excepto los delitos contra seguridad e integridad de la nación, delito de corrupción o contra el patrimonio público, ilícito aduanero, tráfico ilícito de armas de fuego, tráfico ilícito de sustancias estupefacientes, crimen organizado, el genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra y crímenes de agresión.
·                 Competencia Personal: la jurisdicción especial tendrá la potestad de conocer conflictos que involucren a cualquier integrante del pueblo o comunidad. Las personas que no sean integrantes de la comunidad, pero que encontrándose dentro de las tierras indígenas cometan algún delito, podrán ser detenidos por las autoridades tradicionales, las cuales deberá poner al detenido a la orden de la jurisdicción ordinaria.         

Para exigir este derecho los pueblos indígenas deben cumplir una serie de requisitos; las autoridades legitimas deben ser según sus usos y costumbres (el capitán, el chaman, el consejo de ancianos), la jurisdicción debe realizarse dentro de sus hábitats, que solo afecten a sus integrantes, que se realice de acuerdo a su cultura, que no sea discordante con los derechos humanos establecidos en la constitución, los tratados, pactos y convenios internacionales.

Se considera la jurisdicción especial cuando se da un problema entre indígenas dentro de sus hábitats, entre un criollo y un indígena dentro del hábitat indígena, cuando el conflicto es entre indígena en territorio no indígena, como indígena se puede solicitar la intervención de las autoridades legitimas y se puede aplicar la jurisdicción ordinaria. Si el conflicto es entre criollo e indígena en territorio criollo se aplica la justicia ordinaria.