ACCIÓN URGENTE SITUACIÓN DE DERECHOS HUMANOS EN VENEZUELA
24 de febrero de 2014
Organizaciones del Foro por la Vida, junto a otras organizaciones venezolanas, ante
las graves violaciones de derechos humanos en Venezuela
Las organizaciones que suscribimos este pronunciamiento, ante el
agravamiento de la situación venezolana derivada de la violencia,
desinformación, detenciones arbitrarias y otras graves violaciones a los
derechos humanos, ocurridas en el mes de febrero de 2014, hacemos un
llamado de acción urgente para contribuir a la vigencia de los derechos
humanos, la justicia y la paz en Venezuela.
Los hechos ocurridos en Venezuela muestran el deterioro de la
institucionalidad pública para efectivamente arbitrar en las diversidad
de posiciones políticas que existen en Venezuela. Frente a esta
situación es muy importante que diversos sectores de la comunidad
nacional e internacional reaccionen para cuestionar las violaciones a
los derechos humanos, reclamen la acción para una investigación
independiente, pidan el cese a la represión y promuevan un diálogo
genuino
Criminalización de la protesta
Estudiantes y otros sectores sociales de la sociedad venezolana han convocado y
realizado movilizaciones de manera pacífica, a lo largo de este mes de
febrero. De manera sistemática funcionarios públicos de alto rango han
descalificado estas movilizaciones y demonizado a los sectores que
participaron en ellas.
Losdiscursos descalificatorios se realizan frecuentemente en el Sistema
Nacional de Medios Públicos o en cadenas obligatorias de radio y
televisión. Para ello se recurre a la sobreexposión de hechos de
vandalismo y cierre de calles que han realizado una minoría de los
manifestantes, y que han sido rechazados por los convocantes y amplios
sectores de la sociedad venezolana. De ese modo se descalifica a la
totalidad de los participantes y convocantes de manifestaciones
pacíficas porque algunos participantes realizan actos violentos, que
sirven de pretendida justificación a las autoridades para una respuesta
represiva generalizada.
Detenciones arbitrarias
Desde el día 12 de febrero, en el contexto de las manifestaciones públicas se
realizaron numerosas detenciones arbitrarias que han incluido tortura y
tratos crueles, inhumanos y degradantes contra los manifestantes. Los
detenidos fueron trasladados a lugares que no tienen las condiciones
mínimas para garantizar sus derechos fundamentales careciendo de
ventilación adecuada, en los que se les impidió el acceso a abogados y
no se les permitió suministro de alimentos por parte de los familiares.
De la misma forma los detenidos denunciaron que los funcionarios habían
revisado sus pertenencias, y de forma particular sus equipos
electrónicos como cámaras y celulares. Menores de edad fueron detenidos
en lugares de retención para adultos, en un contexto de severas
represiones y torturas. Finalmente ha habido denuncias de detenidos que
han sido golpeados de forma severa e incluso agredidos sexualmente y
ocasionando daños a sus bienes personales.
La actuación del Estado ante estas detenciones arbitrarias no ofrece
garantías de debido proceso. Las autoridades no informan apropiadamente
sobre la cantidad de detenidos, sus identidades y edades. Las
detenciones excedieron en muchos casos los plazos de tiempo establecidos
por ley para ser presentados ante un juez. De la misma forma, en
algunos casos los jueces han hecho presión a los detenidos,
amenazandolos de no dejarlos en libertad condicional si solicitaban
realización de informes forenses por las agresiones contra éstos.
Libertad de expresión
En el contexto venezolano hay una restricción de la libre circulación de
información en los medios de comunicación venezolanos y ello conlleva a
que muchas personas tengan queprocurar información en cadenas
internacionales de noticias o en las redes sociales. Persisten
recurrentes agresiones y ataques contra periodistas y reporteros y los
bloqueos a sitios web promovidos por las autoridades venezolanas.
Los medios de comunicación tradicionales se abstienen de publicar
información sobre las manifestaciones y situaciones violentas e
irregulares, producto de la presión gubernamental y el temor a
represalias. Muchos periodistas y reporteros sufrieron agresiones y
ataques mientras realizaban cobertura de hechos violentos y la represión
de las autoridades. La mayoría de los autores de estas agresiones son
funcionarios policiales, o miembros de las fuerzas armadas o colectivos
oficialistas armados.
Igualmente el gobierno nacional ordenó sin proceso judicial previo alguno la
prohibición en las cableras de canales internacionales de noticias, el
bloqueo de varios sitios web, dificultades para enviar imágenes en la
red social Twitter y otras restricciones dentro del internet. Todas
estas políticas llevan a un problema grave en materia de libertad de
expresión e información, ponen en peligro a personas y obstaculizan el ejercicio de sus derechos, con cada vez menos espacios para expresarse y más represión para las voces críticas.
Orden público
Lasorganizaciones que suscribimos esta acción urgente, reconocemos la
obligación del Estado de mantener el orden público, pero debemos
recordar firmemente que esta responsabilidad debe realizarse en estricto
cumplimiento de nuestra Constitución y de los estándares
internacionales en esta materia. Todo ello conforme a los Principios
Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los
Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, adoptados por la
Organización de Naciones Unidas y en la histórica sentencia del caso del
Caracazo dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la
cual es de obligatorio cumplimiento para el Estado Venezolano.
Todas las medidas de restablecimiento del orden deben ser compatibles con los
derechos humanos y los principios de una sociedad democrática. El
Estado venezolano está en la obligación constitucional de adecuar sus
planes operativos de control del orden público al establecimiento del
orden, disponiendo de diversos medios para el uso diferenciado de la
fuerza, manteniendo el funcionamiento independiente del Poder Judicial y
respetando, garantizando el debido proceso y la garantías judiciales de
todas las personas, elaborando técnicas de control de multitudes que
reduzcan al mínimo la necesidad de recurrir a la fuerza, empleando
técnicas de persuasión, mediación y negociación; así como cumpliendo la
prohibición constitucional del uso de armas de fuego y sustancias
tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas, tal y como está
consagrado en el artículo 68 de nuestra Constitución.
Paramilitarismo
Expresamos preocupación por la actuación en la acción represiva contra los
manifestantes de grupos paramilitares que se identifican afines al
gobierno. Dicha actuación, en algunas partes del país, ha sido
coordinada con la Guardia Nacional Bolivariana, La Policía Nacional
Bolivariana y cuerpos policiales estadales. Un miembro de una ONG de
derechos humanos, Provea, fue víctima de secuestro, malos tratos y
amenazas de muerte por estas organizaciones irregulares.
Algunos altos funcionarios del Estado, a través de sus cuentas en la red social
Twitter, han alentado la actuación de tales grupos y a la fecha el
presidente Nicolás Maduro no ha realizado ninguna condena a dichos
grupos. Tampoco la Fiscal General ni la Defensora del Pueblo han
cuestionado la acción de grupos paramilitares que han ayudado a detener
manifestantes, lanzar bombas lacrimógenas y realizado disparos, incluso
contra viviendas.
Recordamos que el Estado es responsable de violaciones a los derechos humanos cuando no adopta medidas adecuadas para impedir la actuación de tales grupos armados y más aún
cuando sus acciones se ejecutan con la cooperación de las autoridades.
Situación de los defensores/as de derechos humanos en Venezuela
Las condiciones en que desarrollan su labor los defensores y defensoras de
derechos humanos en Venezuela se han deteriorado de manera
significativa. El Estado venezolano incumple sus obligaciones respecto
de facilitar los medios necesarios para que los defensores de derechos
humanos realicen libremente sus actividades; protegerlos cuando son
objeto de amenazas para evitar los atentados a su vida e integridad;
abstenerse de imponer obstáculos que dificulten la realización de su
labor, e investigar seria y eficazmente las violaciones cometidas en su
contra, combatiendo la impunidad.
Cuando la polarización política presente en la sociedad venezolana alcanza su
máxima expresión, la actitud del Estado venezolano cambia respecto de
las ONG y de los defensores y defensoras de derechos humanos. Se pasa de
neutralizar la acción de los defensores de derechos humanos mediante la
adopción de una estrategia defensiva ante las críticas provenientes del
sector, a la adopción de una clara política de confrontación y
descalificación pública, que ha generado graves consecuencias. Las
evidencias de este cambio son públicas y notorias, ya que las más altas
autoridades de los Poderes Públicos no sólo desconocen la labor que
realizan los defensores/as de DDHH, sino que realizan graves acusaciones
tanto a ONG como defensores de derechos humanos, entre las que destaca
la de “traición a la patria”.
Ministerio Público y Defensoría
Los hechos de violencia y las violaciones a los derechos humanos que han
ocurrido deben ser objeto de una investigación imparcial, seria y
exhaustiva por una autoridad independiente. De conformidad con la
Constitución esta es una facultad que corresponde al Ministerio Público
presidido por la Fiscal General de la República. No obstante, estas
investigaciones no han sido llevadas a cabo con la debida diligencia, en
violación de las obligaciones constitucionales e internacionales del
Estado. Por lo cual, esta conducta de la Fiscal General de la República
equivale a una grave renuncia de sus funciones institucionales.
En el mismo sentido, la Defensora del Pueblo tiene a su cargo la
promoción, defensa y vigilancia de los derechos humanos. Sin embargo, su
actuación se ha dirigido a silenciar las violaciones a los derechos
humanos de los disidentes del gobierno y a defender políticamente las
actuaciones arbitrarias de los cuerpos de seguridad del gobierno. Por lo
cual, igualmente en la práctica la Defensora del Pueblo ha renunciado
gravemente al ejercicio de sus atribuciones y deberes constitucionales.
Estado de excepción
El artículo 337 del texto constitucional establece expresamente que
durante los estados de excepción podrán ser restringidas temporalmente
las garantías consagradas en la Constitución, salvo las referidas al
derecho a la vida, prohibición de incomunicación o tortura, el derecho
al debido proceso, el derecho a la información y los demás derechos
intangibles. Esto significa que existe una serie de garantías
constitucionales que bajo ninguna circunstancia alegada pueden ser
suspendidas. Al ser imposible la suspensión de las mismas durante un
estado de excepción, resulta igualmente improcedente suspender el
ejercicio de la acción que las garantiza.
Los Estados de excepción corresponden a situaciones objetivas de suma
gravedad frente a las que se hacen insuficientes los medios ordinarios
que dispone el Estado para afrontarlas. La Declaratoria de un Estado de
Excepción no autoriza a los gobernantes a apartar su conducta de la
legalidad a la que en todo momento deben ceñirse, y por lo tanto los
mismos deben regirse por los principios y las obligaciones de
proporcionalidad, temporalidad, no discriminación. Y esta declaratoria
debe decretarse oficialmente porque de lo contrario estaríamos ante un
Estado de Excepción de facto inadmisible en un Estado democrático.
Diálogo
En la actual crisis que atraviesa Venezuela, con el lamentable saldo de
seis personas asesinadas en el marco de las recientes manifestaciones,
así como un centenar de heridos de bala, exhortamos al gobierno nacional
a crear condiciones mínimas que permitan una solución democrática del
conflicto, que pasa por abstenerse de criminalizar las opiniones
disidentes, reconocer a los factores políticos y sociales críticos de la
gestión del gobierno, abrir espacios para el diálogo y garantizar el
ejercicio del derecho a la manifestación pacífica.
Exhortamos igualmente a la dirigencia política de oposición condenar con firmeza
la violencia y contribuir a generar condiciones favorables para acordar
con el gobierno una agenda mínima para un diálogo, sincero y productivo,
frente a los diversos problemas que afectan hoy a la sociedad
venezolana.
Por todo ello solicitamos que puedan escribir y promover cartas o comunicados:
Expresando preocupación por la criminalización de la protesta social, el
hostigamiento sistemático a periodistas y medios de comunicación, la
acción de grupos paramilitares y las garantías necesarias para una
investigación independiente de los hechos violatorios a los derechos
humanos.
Solicitar el cese de las recurrentes descalificaciones públicas que realizan
funcionarios contra manifestantes e instarles a que cumplan con su
obligación de garantizar los derechos a la libertad de reunión,
expresión, integridad personal y debido proceso.
Instara los diversos sectores a que establezcan mecanismos para diálogo real
que posibilite el entendimiento nacional y los procedimientos adecuados
para efectivamente hacer una investigación de las violaciones a los
derechos humanos y que se haga justicia en cada caso.
