Derechos Humanos Amazonas

ACCIÓN URGENTE SITUACIÓN DE DERECHOS HUMANOS EN VENEZUELA

24 de febrero de 2014

Organizaciones del Foro por la Vida, junto a otras organizaciones venezolanas, ante las graves violaciones de derechos humanos en Venezuela

Las organizaciones que suscribimos este pronunciamiento, ante el agravamiento de la situación venezolana derivada de la violencia, desinformación, detenciones arbitrarias y otras graves violaciones a los derechos humanos, ocurridas en el mes de febrero de 2014, hacemos un llamado de acción urgente para contribuir a la vigencia de los derechos humanos, la justicia y la paz en Venezuela.

Los hechos ocurridos en Venezuela muestran el deterioro de la institucionalidad pública para efectivamente arbitrar en las diversidad de posiciones políticas que existen en Venezuela. Frente a esta situación es muy importante que diversos sectores de la comunidad nacional e internacional reaccionen para cuestionar las violaciones a los derechos humanos, reclamen la acción para una investigación independiente, pidan el cese a la represión y promuevan un diálogo genuino

Criminalización de la protesta

Estudiantes y otros sectores sociales de la sociedad venezolana han convocado y realizado movilizaciones de manera pacífica, a lo largo de este mes de febrero. De manera sistemática funcionarios públicos de alto rango han descalificado estas movilizaciones y demonizado a los sectores que participaron en ellas. 

Losdiscursos descalificatorios se realizan frecuentemente en el Sistema Nacional de Medios Públicos o en cadenas obligatorias de radio y televisión. Para ello se recurre a la sobreexposión de hechos de vandalismo y cierre de calles que han realizado una minoría de los manifestantes, y que han sido rechazados por los convocantes y amplios sectores de la sociedad venezolana. De ese modo se descalifica a la totalidad de los participantes y convocantes de manifestaciones pacíficas porque algunos participantes realizan actos violentos, que sirven de pretendida justificación a las autoridades para una respuesta represiva generalizada.

Detenciones arbitrarias

Desde el día 12 de febrero, en el contexto de las manifestaciones públicas se realizaron numerosas detenciones arbitrarias que han incluido tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes contra los manifestantes. Los detenidos fueron trasladados a lugares que no tienen las condiciones mínimas para garantizar sus derechos fundamentales careciendo de ventilación adecuada, en los que se les impidió el acceso a abogados y no se les permitió suministro de alimentos por parte de los familiares. De la misma forma los detenidos denunciaron que los funcionarios habían revisado sus pertenencias, y de forma particular sus equipos electrónicos como cámaras y celulares. Menores de edad fueron detenidos en lugares de retención para adultos, en un contexto de severas represiones y torturas. Finalmente ha habido denuncias de detenidos que han sido golpeados de forma severa e incluso agredidos sexualmente y ocasionando daños a sus bienes personales.

La actuación del Estado ante estas detenciones arbitrarias no ofrece garantías de debido proceso. Las autoridades no informan apropiadamente sobre la cantidad de detenidos, sus identidades y edades. Las detenciones excedieron en muchos casos los plazos de tiempo establecidos por ley para ser presentados ante un juez. De la misma forma, en algunos casos los jueces han hecho presión a los detenidos, amenazandolos de no dejarlos en libertad condicional si solicitaban realización de informes forenses por las agresiones contra éstos.

Libertad de expresión

En el contexto venezolano hay una restricción de la libre circulación de información en los medios de comunicación venezolanos y ello conlleva a que muchas personas tengan queprocurar información en cadenas internacionales de noticias o en las redes sociales. Persisten recurrentes agresiones y ataques contra periodistas y reporteros y los bloqueos a sitios web promovidos por las autoridades venezolanas.

Los medios de comunicación tradicionales se abstienen de publicar información sobre las manifestaciones y situaciones violentas e irregulares, producto de la presión gubernamental y el temor a represalias. Muchos periodistas y reporteros sufrieron agresiones y ataques mientras realizaban cobertura de hechos violentos y la represión de las autoridades. La mayoría de los autores de estas agresiones son funcionarios policiales, o miembros de las fuerzas armadas o colectivos oficialistas armados.

Igualmente el gobierno nacional ordenó sin proceso judicial previo alguno la prohibición en las cableras de canales internacionales de noticias, el bloqueo de varios sitios web, dificultades para enviar imágenes en la red social Twitter y otras restricciones dentro del internet. Todas estas políticas llevan a un problema grave en materia de libertad de expresión e información, ponen en peligro a personas y obstaculizan el ejercicio de sus derechos, con cada vez menos espacios para expresarse y más represión para las voces críticas.

Orden público

Lasorganizaciones que suscribimos esta acción urgente, reconocemos la obligación del Estado de mantener el orden público, pero debemos recordar firmemente que esta responsabilidad debe realizarse en estricto cumplimiento de nuestra Constitución y de los estándares internacionales en esta materia. Todo ello conforme a los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, adoptados por la Organización de Naciones Unidas y en la histórica sentencia del caso del Caracazo dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual es de obligatorio cumplimiento para el Estado Venezolano. 

Todas las medidas de restablecimiento del orden deben ser compatibles con los derechos humanos y los principios de una sociedad democrática. El Estado venezolano está en la obligación constitucional de adecuar sus planes operativos de control del orden público al establecimiento del orden, disponiendo de diversos medios para el uso diferenciado de la fuerza, manteniendo el funcionamiento independiente del Poder Judicial y respetando, garantizando el debido proceso y la garantías judiciales de todas las personas, elaborando técnicas de control de multitudes que reduzcan al mínimo la necesidad de recurrir a la fuerza, empleando técnicas de persuasión, mediación y negociación; así como cumpliendo la prohibición constitucional del uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas, tal y como está consagrado en el artículo 68 de nuestra Constitución.

Paramilitarismo

Expresamos preocupación por la actuación en la acción represiva contra los manifestantes de grupos paramilitares que se identifican afines al gobierno. Dicha actuación, en algunas partes del país, ha sido coordinada con la Guardia Nacional Bolivariana, La Policía Nacional Bolivariana y cuerpos policiales estadales. Un miembro de una ONG de derechos humanos, Provea, fue víctima de secuestro, malos tratos y amenazas de muerte por estas organizaciones irregulares. 

Algunos altos funcionarios del Estado, a través de sus cuentas en la red social Twitter, han alentado la actuación de tales grupos y a la fecha el presidente Nicolás Maduro no ha realizado ninguna condena a dichos grupos. Tampoco la Fiscal General ni la Defensora del Pueblo han cuestionado la acción de grupos paramilitares que han ayudado a detener manifestantes, lanzar bombas lacrimógenas y realizado disparos, incluso contra viviendas.

Recordamos que el Estado es responsable de violaciones a los derechos humanos cuando no adopta medidas adecuadas para impedir la actuación de tales grupos armados y más aún cuando sus acciones se ejecutan con la cooperación de las autoridades.

Situación de los defensores/as de derechos humanos en Venezuela

Las condiciones en que desarrollan su labor los defensores y defensoras de derechos humanos en Venezuela se han deteriorado de manera significativa. El Estado venezolano incumple sus obligaciones respecto de facilitar los medios necesarios para que los defensores de derechos humanos realicen libremente sus actividades; protegerlos cuando son objeto de amenazas para evitar los atentados a su vida e integridad; abstenerse de imponer obstáculos que dificulten la realización de su labor, e investigar seria y eficazmente las violaciones cometidas en su contra, combatiendo la impunidad.

Cuando la polarización política presente en la sociedad venezolana alcanza su máxima expresión, la actitud del Estado venezolano cambia respecto de las ONG y de los defensores y defensoras de derechos humanos. Se pasa de neutralizar la acción de los defensores de derechos humanos mediante la adopción de una estrategia defensiva ante las críticas provenientes del sector, a la adopción de una clara política de confrontación y descalificación pública, que ha generado graves consecuencias. Las evidencias de este cambio son públicas y notorias, ya que las más altas autoridades de los Poderes Públicos no sólo desconocen la labor que realizan los defensores/as de DDHH, sino que realizan graves acusaciones tanto a ONG como defensores de derechos humanos, entre las que destaca la de “traición a la patria”. 

Ministerio Público y Defensoría

Los hechos de violencia y las violaciones a los derechos humanos que han ocurrido deben ser objeto de una investigación imparcial, seria y exhaustiva por una autoridad independiente. De conformidad con la Constitución esta es una facultad que corresponde al Ministerio Público presidido por la Fiscal General de la República. No obstante, estas investigaciones no han sido llevadas a cabo con la debida diligencia, en violación de las obligaciones constitucionales e internacionales del Estado. Por lo cual, esta conducta de la Fiscal General de la República equivale a una grave renuncia de sus funciones institucionales.

En el mismo sentido, la Defensora del Pueblo tiene a su cargo la promoción, defensa y vigilancia de los derechos humanos. Sin embargo, su actuación se ha dirigido a silenciar las violaciones a los derechos humanos de los disidentes del gobierno y a defender políticamente las actuaciones arbitrarias de los cuerpos de seguridad del gobierno. Por lo cual, igualmente en la práctica la Defensora del Pueblo ha renunciado gravemente al ejercicio de sus atribuciones y deberes constitucionales.

Estado de excepción

El artículo 337 del texto constitucional establece expresamente que durante los estados de excepción podrán ser restringidas temporalmente las garantías consagradas en la Constitución, salvo las referidas al derecho a la vida, prohibición de incomunicación o tortura, el derecho al debido proceso, el derecho a la información y los demás derechos intangibles. Esto significa que existe una serie de garantías constitucionales que bajo ninguna circunstancia alegada pueden ser suspendidas. Al ser imposible la suspensión de las mismas durante un estado de excepción, resulta igualmente improcedente suspender el ejercicio de la acción que las garantiza.

Los Estados de excepción corresponden a situaciones objetivas de suma gravedad frente a las que se hacen insuficientes los medios ordinarios que dispone el Estado para afrontarlas. La Declaratoria de un Estado de Excepción no autoriza a los gobernantes a apartar su conducta de la legalidad a la que en todo momento deben ceñirse, y por lo tanto los mismos deben regirse por los principios y las obligaciones de proporcionalidad, temporalidad, no discriminación. Y esta declaratoria debe decretarse oficialmente porque de lo contrario estaríamos ante un Estado de Excepción de facto inadmisible en un Estado democrático.

Diálogo

En la actual crisis que atraviesa Venezuela, con el lamentable saldo de seis personas asesinadas en el marco de las recientes manifestaciones, así como un centenar de heridos de bala, exhortamos al gobierno nacional a crear condiciones mínimas que permitan una solución democrática del conflicto, que pasa por abstenerse de criminalizar las opiniones disidentes, reconocer a los factores políticos y sociales críticos de la gestión del gobierno, abrir espacios para el diálogo y garantizar el ejercicio del derecho a la manifestación pacífica. 

Exhortamos igualmente a la dirigencia política de oposición condenar con firmeza la violencia y contribuir a generar condiciones favorables para acordar con el gobierno una agenda mínima para un diálogo, sincero y productivo, frente a los diversos problemas que afectan hoy a la sociedad venezolana.

Por todo ello solicitamos que puedan escribir y promover cartas o comunicados:

Expresando preocupación por la criminalización de la protesta social, el hostigamiento sistemático a periodistas y medios de comunicación, la acción de grupos paramilitares y las garantías necesarias para una investigación independiente de los hechos violatorios a los derechos humanos.

Solicitar el cese de las recurrentes descalificaciones públicas que realizan funcionarios contra manifestantes e instarles a que cumplan con su obligación de garantizar los derechos a la libertad de reunión, expresión, integridad personal y debido proceso.

Instara los diversos sectores a que establezcan mecanismos para diálogo real que posibilite el entendimiento nacional y los procedimientos adecuados para efectivamente hacer una investigación de las violaciones a los derechos humanos y que se haga justicia en cada caso.